LA CAUSA “EMBRUJO” Y LA INICIATIVA CIUDADANA



El pasado 11 de abril se realizó la primera presentación pública de la Iniciativa Ciudadana por la Transparencia y contra la Corrupción en Chubut.
Iniciativa Ciudadana reúne a un grupo de profesionales cuyo objetivo es “impulsar la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción, incluyendo todas las formas de participación e investigación en causas de corrupción”.
La propuesta, gestada en Trelew, se basa en la “necesidad de generar mayor compromiso de la comunidad contra los hechos de corrupción, el desarrollo de los mecanismos normativos, administrativos y judiciales para prevenirla, impedirla o sancionarla y la necesidad de procurar la recuperación de los activos producto de esos hechos”.
Sus propulsores son Alberto M. Binder, Claudia María Iun, María Cristina Pagasartundua, Aldo Emilio Griffiths, Alfredo Perez  Galimberti, Angel Callupil y Eduardo Raúl Hualpa.
En la primera participación de la nueva agrupación provincial, el juez de garantías Sergio Piñeda convalidó que en la investigación de la causa “Embrujo” se presenten como querellantes representantes de Iniciativa Ciudadana.
En la misma situación de querellantes también estarán la Fiscalía de Estado, la Oficina Anticorrupción, y los diputados que realizaron la denuncia cuando llegó a la Legislatura provincial un sobre anónimo con documentación.
En base a la información del sobre “bomba”, los diputados del PJ – FpV Gabriela Dufour, Alejandra Marcilla y Blas Mesa Evans, realizaron una denuncia en Fiscalía que luego derivó en los allanamientos y detenciones de la ahora denominada causa “embrujo”.
Por el momento todos los querellantes aceptados lo hacen en carácter de “adhesivos”, es decir que acompañan en su totalidad la investigación que están llevando adelante los fiscales generales Alex Williams y Omar Rodriguez.
Iniciativa Ciudadana, la nueva organización de la sociedad chubutense, se viene a sumar así a la tarea que a nivel nacional e internacional desarrollan otras entidades similares como por ejemplo el “Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA.
Esa entidad publicó un muy interesante trabajo sobre los “Desafíos Para la Persecución e Investigación de los Delitos en Las Américas. Estudio Sobre la Investigación y Persecución Penal de Delitos de Alta Connotación Social en Argentina”.
Uno de los capítulos fue denominado “Una buena práctica desde fuera del sistema: el control de la sociedad civil”. Nos pareció muy enriquecedora toda la extensa obra que se puede visualizar enhttp://cipce.org.ar/sites/default/files/2016/02/articulos2367.pdf
El CIPCE, es el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica. Una de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en Argentina contra la impunidad y por la prevención de la corrupción.
Al organizarse, en el CIPCE se plantearon una estrategia similar a la que llevaron adelante los organismos de derechos humanos en contra de la impunidad de los crímenes cometidos durante el terrorismo de estado.
Es decir, tratar de romper los equilibrios, a través del litigio estratégico, con denuncias al sistema de justicia y con un seguimiento de cerca, un control ciudadano sobre lo que hace la justicia en este tipo de casos.
Otro de los objetivos centrales del CIPCE fue la realización de una base de datos sobre casos de corrupción y criminalidad económica. De allí pudieron lograr establecer algunos parámetros importantes que llamaron la atención de la prensa y de la opinión pública: el monto directo del perjuicio que la corrupción le genera al Estado y el plazo promedio de los casos de corrupción en la Justicia. En el CIPCE entienden que las causas de corrupción no terminan nunca.
Y por eso se propusieron como estrategia no solo tratar de que avancen las imputaciones penales, sino también el recupero para el Estado de los activos sustraídos. Y suelen comparar esos montos con lo que al Estado le cuesta pagar la salud y otros servicios básicos.
Por ejemplo, desde CIPCE aseguraron que con el perjuicio generado por el grupo Greco en una causa en la que fueron condenados por subversión económica por la obtención de redescuentos irregulares por 1.493.151.3552 dólares se podrían haber financiado 30 programas de Promoción de Empleo Social, 28 programas de lucha contra el SIDA o 54 programas de atención primaria a la salud.
El cálculo total del perjuicio en base a las causas que forman parte del estudio asciende a los 13 mil millones de dólares a partir de los 750 casos de corrupción y delitos económicos que llegaron a la órbita judicial entre 1980 y 2007 y que forman parte de su base de datos.
Solo el 3 por ciento terminó con alguna condena, “lo cual habla de un nivel de eficiencia y eficacia por parte de la justicia en la investigación y punición de este tipo de casos prácticamente nulo”.
“Trabajamos con un cambio de estrategia. El cambio de estrategia estuvo orientado siempre a cambiar el eje de trabajo de la investigación penal de delitos económicos y corrupción, y volcarla desde la investigación de las personas físicas involucradas en los casos, es decir, la persecución penal propiamente dicha, hacia la política de recuperación de activos como un mecanismo de restitución de los bienes”, explicó Pedro Biscay, director ejecutivo del CIPCE.
En cuanto a lo que acontece en Chubut, el Dr. Alfredo Pérez Galimberti, uno de los integrantes de la Iniciativa Ciudadana por la Transparencia y Contra la Corrupción, que fuera recientemente aceptada como querellante en la causa que involucra a siete personas, entre ellas al ex Secretario Privado del ex gobernador Das Neves, explicó que: “Iniciativa Ciudadana actualmente es una reunión de ciudadanos interesados en que este tipo de casos llegue hasta las instancias que deban llegar y se recuperen los activos para que el fruto del crimen económico vuelva a la ciudadanía. Lo cual es una preocupación general y hay poca experiencia en el país”, concluyó.

Por 2023dupuy@gmail.com

 

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