Opinión. David Iud *

LA REFORMA JUDICIAL … y el recorte propuesto

Compañeros, al hablar de Reforma Judicial, se me salteó analizar un tema que va incluido en la Reforma y que también tiene singular importancia, porque impacta en las funciones de la Corte.


Se va a reformar la Ley que regula cuando un caso puede llegar a la Corte, Esta es una de las leyes constitutivas de la Nación, se trata de la Ley Nº 48, sancionada por Mitre en los días previos a su jura como Presidente, (juró el 12 de Octubre de 1862, la Ley es de agosto de 1862). Había vacancia del Poder Ejecutivo en ese momento, es una de las Leyes que Mitre le hizio sancionar al Congreso para preparar su Presidencia, después de la disolución de la Confederación, la disolución del Congreso de Paraná y la instalación de un nuevo Congreso, con todos diputados liberales elegidos “a dedo” por Mitre, un Congreso constituido por diputados que en realidad eran empleados de Mitre.
Tiene 24 artículos, y desde 1862 hasta 1974 nunca fue reformada. De todos modos, lo que se reformó fueron sólo tres artículos, y nunca se tocó el espíritu de la Ley, que tiene 158 años.
La ley es muy importante porque define que requisitos debe cumplir un Recurso Extraordinario, para que la Corte abra su Jurisdicción y acepte el caso.
También, se dice que se modificará la Ley de Per Saltum.
Esto es central. La parte de nuestra Constitución que regula sobre la Corte y el Poder Judicial está copiada (prácticamente, a la letra) de la Constitución de los Estados >Unidos, el sistema que impone no rige mas prácticamente en ningún país del mundo (solo rige en USA y acá!) y su efecto es que cuando hay un pedido de inconstitucionalidad tiene que atravesar todas las instancias hasta llegar a la corte, y eso, es eterno.
Eso, fue muy usado contra el Gobierno de Cristina, y ustedes lo recordarán.
La enorme mayoría de los países, incluyendo todos nuestros vecinos 8Uruguay, Paraguay, Chile, Perú) tienen otro sistema, control de constitucionalidad concentrado, cuando hay una demanda por inconstitucionalidad el Juzgado de 1º instancia que la recibe se de clara incompetente, no resuelve y gira directamente el Expediente a la Corte. En pocos meses, está resuelto. 
La Corte está organizada distinto, con una Sala Constitucional y una Sala de Casación. Así es en Uruguay.
El Per Saltum resuelve ese problema sin pasar por la reforma constitucional.
Ahora, por lo que trascendió, hay intención de reformar la legislación sobre Per Saltum para hacer el procedimiento mas eficaz y rápido.
No dudo en calificar estas medidas de reforma que alcanzan a la Corte, como revolucionarias.
Si la capacidad negociadora de Alberto logra destrabar todo este mecanismo judicial, totalmente anacrónico, diseñado para un país de hace 160 años, realmente, pasará a la historia, en este aspecto, como una bisagra que cambió el funcionamiento de la Justicia en la Argentina.

El "recorte" del discurso del Presidente donde se refirió a la Reforma Judicial. Dijo" “Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho. 
Con tal propósito, propiciamos la creación de un nuevo Fuero Federal Penal, que unificará a fueros penales que hoy tienen jurisdición en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
De ese modo, los delitos contra la administración pública en los que incurran funcionarios del Estado Nacional, dejarán de estar en manos de unos pocos jueces, para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados. Estamos terminando para siempre en la Argentina con la manipulación de sorteos y la concentración de procesos que el oligopolio de los jueces federales ha permitido. 
Los problemas de la Argentina no se resuelven con menos justicia sino con una mejor justicia. 
Asimismo, de la mano de la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio penal, vamos a impulsar un fortalecimiento de toda la actuación de la justicia federal penal en las zonas más críticas donde el crimen organizado ha logrado desarrollarse a través del narcotráfico, especialmente en la zona de influencia de Rosario y Santa Fe. 
El reordenamiento que impulsamos tiene un profundo sentido federal: consolida por un lado la autonomía de la ciudad de Buenos Aires con su justicia penal local, y aumenta la actuación de jueces y fiscales en la zona de Rosario y Santa Fe. 
En esta última provincia, vamos a impulsar la creación de una nueva sala y una Secretaría de Narcotráfico en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. 
Para fortalecer el Ministerio Público Fiscal y la aplicación rápida del código acusatorio, vamos a reforzar la creación de nuevos cargos auxiliares fiscales y asistentes fiscales bajo la órbita de un fiscal coordinador de distrito. 
Propondremos la creación de un juzgado federal, una fiscalía y una defensoría federal en la ciudad de San Lorenzo que también va a estar orientada a la investigación de la trata de persona, el lavado de dinero y el narcotráfico. 
En el ámbito de la justicia contencioso administrativa de la Capital Federal, que resulta otra área clave para resguardar 
los intereses patrimoniales del Estado y de todos los argentinos, también vamos a impulsar una profunda transformación, que estará basada en su unificación con los valiosos recursos existentes en el área de la justicia civil y comercial federal. 
Se trata de agilizar las causas, de evitar onerosas cuestiones de competencia y de optimizar el funcionamiento de los mejores recursos humanos del Poder Judicial. 
Queremos desterrar para siempre las componendas entre el poder político y el poder judicial, sean del color partidario que sean. No nos merecemos como Argentina continuar con este deterioro. 
Por eso, más allá de estas reformas puntuales que estaremos impulsando en los próximos días, he decidido la conformación de un Consejo para Afianzar la Administración de Justicia en la República Argentina. 
Estará integrado por las más prestigiosas personalidades del mundo académico y judicial, y será un cuerpo consultivo del Poder Ejecutivo para el impulso de otras transformaciones de fondo en nuestro Poder Judicial. 
Debemos optimizar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia; repensar el alcance del recurso extraordinario, mejorar el trabajo del Consejo de la Magistratura; instaurar el juicio por jurados cumpliendo el mandato constitucional; modernizar el código penal de la Nación; y fortalecer el rol del Ministerio Público. 
Todos los proyectos que proponga este Consejo serán enviados a consideración del Congreso de la Nación. 
Honorable Asamblea”

 

Hoy, los delitos cometidos en jurisdicción territorial de la Capital Federal, van, por competencia según la materia, a

1) Los delitos cuya competencia ja sido transferida a la Ciudad (son unos 40 delitos, en total) a la Justicia Contravencional, Penal y de Faltas de la Ciudad.
2) Lo que el ciudadano común identifica como "delitos comunes" (robos, homicidios, violaciones) van a los 63 Juzgados Nacionales Penales. 
3) Los delitos que la Ley clasifica como federales (drogas, contrabando, evasión impositiva, robo de energía eléctrica) más los delitos cometidos en jurisdicción federal (el puerto, los edificios del gobierno nacional, los ferrocarriles), los delitos cometidos por miembros de las fuerzas federales de seguridad o miembros de las fuerzas armadas, los cometidos por diplomáticos extranjeros, y LOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO NACIONAL, todo eso, en territorio de la Capital Federal, va a los 12 Juzgados Federales Penales

1) Unificacion de Fueros Penales con Competencia en la CViudad de Buenos Aires. Agrupa los Juzgados Nacionales Penales a los Juzgados Federales con Competencia Penal en la Ciudad de Buenos Aires. Serán todos integrantes de la nueva Justicia Federal Penal de la Capital Federal. Los Juzgados Nacionales Penales son 63. Alberto habló de aproximadamente 50 de ellos que pasarían a formar el nuevo Fuero Penal Federal de la Capital Federal junto a los 12 Juzgados Penales federales ahora existentes. Un nuevo fuero Penal Fedderal de la Capital con un total de 62 juzgados aproximadamente. Piensen que todas las causas del "Lawfare" hoy concentradas en los 12 Juzgados Federales Penales existentes, van a distribuirse, una vez concretada la reforma, entre los 62 nuevos Juzgados Federales Penales. Los 12 Juzgados nacionales Penales restantes, pasaríana integrar la Justicia Penal ordinaria de la Ciudad. Lo digo en potencial porque hace falta un acuerdo con el Gobierno de Rodriguez Larrerta, rubricado por la Legislatura donde el PRO tiene mayoría...

2) Unificación del fuero Civil y Comercial Federal con el fuero Contencioso Administrativo Federal. Áreas menos conocidas por el ciudadano común, pero no menos importantes.  Son 12 Juzgados en lo Contencioso Administrativo Federal y 11 Juzgados en lo Civil y Comercial Federal. El fuero Contencioso Administrativo Federal es una "cueva" donde hay "acovachados" jueces que afectaron seriamente la gobernabilidad durante los gobiernos de Nestor y Cristina. Está allí la Jueza Sarmiento, que protegió a Redrado cuando se negaba a abandonar la Presidencia del Banco Central durante el Gobierno de Cristina. Hay jueces que le han "garantizado" sentencias favorables a empresas de servicios privatizados en pleitos contra el Estado por sumas muy importantes. Por ejemplo, un caso del Estado contra Aguas Argentinas por contaminación con arsénico de perforaciones de pozo en el conurbano, operadas por la empresa (me tocó intervenir...) Como digo, es un área menos conocida, pero es igualmente muy importante. La estrategia es la misma, "diluir poder" fusionando con un área (Civil y Comercial Federal) menos "contaminada"...

3) La ampliación de la Justicia Penal Federal de Rosario y Santa Fe, directamente enfocada a reforzar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Atiende una fuerte demanda social y la imperiosa necesidad del gobierno provincial.

4) La puesta en marcha del sistema acusatorio en el proceso penal. Esto se imbrica con la designación del Procurador General de la Nación, la designación del Dr. Rafecas. En el sistema procesal penal acusatorio, la instrucción penal pertenece a los fiscales (no a los jueces!) y brinda una seguridad más contra el "armado de causas" con sentido de persecución política. Obviamente, es esencial la política criminal que aplique el Ministerio Público Fiscal en manos del Procurador General. El macrismo echó a Gils Carbó, por eso. Quisieron nombrar Procuradora General a Weimberg de Roca (una fascista aristocrática rabiosa), por eso, y afortunadamente, no pudieron. La designación de Rafecas es clave. No habrá un funcionamiento democrático del sistema procesal acusatorio si la Procuración General siguiera subrogada por Casal por falta de acuerdo en el Senado para la designación de Rafecas.

Se unificaran unos entre 30 y 50 de los 62 Juzgados Nacionales Penales con los 12 Juzgados Federales Penales, los entre 32 y 12 Juzgados Nacionales Penales se integraran con los Juzgados Contravencionales Penales y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.

* Abogado, Ing Químico. Lector empedernido, docente universitario, padre y abuelo.

 

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