CINCO AÑOS SIN SANTIAGO

 

Hoy, primero de agosto de 2022 se cumplen 5 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Hoy se cumple un lustro de impunidad en uno de los casos que marcó y marcará para siempre la vida y la historia de nuestra región. Santiago desapareció cuando se solidarizaba con la segunda comunidad mapuche que estableció un proceso de recuperación territorial contra la multinacional Benetton. Hoy hace cinco año que empezaba un tortuoso calvario para la familia de Santiago.

Un camino que sigue perpetuando la esencia de aquella violencia represiva de los gendarmes que actuaron bajo el mando de Pablo Nocetti, Patricia Bullrich y los jefes de esa fuerza federal. Violencia que contó con un escenario previo y posterior cuidadosamente construido por sectores de la política provincial y zonal, por empresarios de la ruralidad, por pseudo periodistas, por jueces y fiscales. Hablamos de impunidad porque hace más de dos años que la causa está esperando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación diga qué juez debe continuarla. La justicia argentina le sigue negando a su familia la posibilidad de saber mediante una investigación imparcial la verdad de lo que pasó, o al menos una parte de la verdad, la que se debería haber reconstruido en ese momento y que fue prolijamente ocultada y lanzada a oscuros y confusos caminos de encubrimiento. Veintiocho peritos, no cincuenta y cinco, firmaron la autopsia del cuerpo. Dijeron que la causa física de su muerte había sido ahogamiento e hipotermia.

 

Pero extrañamente no pudieron determinar la fecha de muerte ni explicar datos muy llamativos de la autopsia, como por ejemplo por qué tenía signos de congelamiento cuando la temperatura del río no bajo de cero en esas épocas, ni porque sus ropas tenían polen de otros lados después de haber estado supuestamente 77 días sumergidos, entre muchas otros datos no explicados y que la familia y expertos independientes siguen reclamando esclarecer.  La investigación judicial de Otranto primero y de Lleral después nunca reconstruyó los hechos.  A esas incongruencias se suman decenas de dudas, ausencias, preguntas y una gran cantidad de construcciones de sentido amplificadas al infinito por los mismos medios que magnificaron entonces las versiones falsas sobre su paradero y alimentaban versiones distractivas de lo sucedido. Mentiras que aun hoy siguen repitiendo como un mantra los odiadores seriales, los cobardes que no soportan ningún dato que pueda hacer tambalear la “verdad” construida por el gobierno de entonces, avalada por la justicia y poco cuestionada en los hechos por el gobierno actual hasta ahora.
Nadie está preso. Solo un gendarme fue imputado, sobreseído y nuevamente imputado. Pero no hay quien le pregunte nada, ni a ese gendarme ni a nadie.  Porque hay causa, pero no hay juez que vaya a actuar.
Hace pocos meses atrás, una mujer gendarme se presentó ante este mismo juzgado y denunció ante el fiscal federal de Esquel una serie de situaciones que vivió en el escuadrón 36 de Gendarmería en aquellos días de 2017 tras la desaparición de Santiago. Contó que había escuchado a dos gendarmes decir que habían detenido a un “hippie” en la zona del campo de Benetton, donde ellos mismos señalaban que tenían una unidad de Gendarmería. También contó que el segundo comandante de Esquel, Juan Pablo Escola, se jactaba luego de lo ocurrido ante su jefe Pablo Badié de tener contacto directo y permanente con el Ministerio de Seguridad que conducía Patricia Bullrich. Y que el mismo Escola le dio una caja con trapos, celulares y un arma para que le guarde durante el primer allanamiento que hizo el juez Otranto en el escuadrón de Esquel. Agregó además que los relatos que escuchaba en su trabajo esos días coincidían que lo tenían detenido a Santiago para sacarle información sobre sus compañeros y que se les había ido la mano.
La gendarme que decidió hablar en sede judicial después de cuatro años y medio mencionó en su declaración a más de quince personas. Sin embargo, como la Corte Suprema no decide que juez deben continuar la causa, nadie fue citado a declarar a raíz de este testimonio.
El caso de Santiago Maldonado no es un caso más de violencia institucional. Es un crimen de estado que hasta aquí ha logrado mantenerse impune. Un caso que se asienta en las bases mismas del sistema judicial y político argentino y que de no resolverse con las garantías mínimas y necesarias que les cabe a las víctimas, socava la seguridad y libertad de toda la ciudadanía. Un caso en el que cuenta con una enorme cadena de complicidades, ocultamientos, desviaciones y silencios.

 


En las últimas décadas el pueblo argentino logró los más altos niveles en la consecución de verdad y justicia para con crímenes cometidos por los usurpadores del estado durante la última dictadura genocida. Los hechos que rodearon la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado fueron causados intencionalmente por el gobierno de Mauricio Macri y sus diferentes socios locales, políticos y empresariales. El gobierno que reinstaló la lógica de un enemigo interno; que asesinó al joven mapuche Rafael Nahuel por la espalda y extraditó a Chile al hombre que acompañaban tanto él como Santiago. El gobierno que reprimió a fuego la protesta social. Que espió a víctimas. Que persiguió y encarceló a decenas de dirigentes sociales y políticos en nuestro país. Que generó un profundo ciclo de endeudamiento externo y su consecuente proceso de empobrecimiento y dependencia del conjunto del pueblo trabajador argentino. Ese gobierno vino a destruir el universo simbólico de esperanza y dignidad que se construyó a partir de aquel proceso de memoria, verdad y justicia. Su accionar ladrón y revanchista fue derrotado en las urnas, pero aún mantiene muy activos los resortes que le permitieron saquear otra vez la Argentina. El gobierno actual tiene la responsabilidad histórica de echar luz sobre este siniestro hecho. Aún no lo ha hecho con la fuerza que le manda nuestra constitución, y debería hacerlo, para devolverle a la familia al menos un poco de justicia, para devolvernos a los argentinos la certeza de que el estado no mata.

 

Volver