MENNA IMPULSA ESTABLECER EN LA ARGENTINA LOS PARÁMETROS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, Y SUS RESIDUOS


Para ello, el diputado nacional chubutense presentó un proyecto de ley que retoma el elaborado en 2018 por el exlegislador y referente nacional e internacional en materia ambiental Juan Carlos Villalonga. Busca determinar las responsabilidades de los productores e incentivar la economía circular a partir del reciclado y la reutilización.


El diputado nacional de Chubut Gustavo Menna presentó este lunes en el Congreso un proyecto de ley con el fin de establecer en la Argentina parámetros para la gestión ambiental de aparatos eléctricos y electrónicos y sus residuos, determinar responsabilidades e incentivar la economía circular basada en el reciclado y la reutilización.
El proyecto retoma la iniciativa que en 2018 presentó el diputado (MC) Juan Carlos Villalonga, presidente de Globe y referente nacional e internacional en materia ambiental. El objetivo es concretar un régimen que asegure en la práctica que todos los materiales con valor provenientes de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (conocidos con la sigla RAEE) sean valorizados.
Menna indicó que la iniciativa tiende a cumplir con el artículo 41 de la Constitución Nacional que menciona el derecho de todos los habitantes a contar con un ambiente sano y apto para el desarrollo humano.
En este marco, se establece la obligación de fabricantes, importadores y distribuidores de aparatos eléctricos y electrónicos de establecer y financiar sistemas de gestión que aseguren su recolección diferenciada.
Además, se determina la prohibición para los grandes generadores, generadores corporativos y organismos públicos de desprenderse de estos residuos en el sistema de los residuos domiciliarios, como así también disponerlos sin tratamiento previo. De manera complementaria, se prevé la prohibición de disponer los RAEE en rellenos sanitarios, basurales y/o vertederos municipales hacia el final de 2023.
“Es imperioso contar con una ley de presupuestos mínimos que establezca el Principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) en la gestión de los RAEE, consistente en extender las responsabilidades de los fabricantes del producto a varias fases del ciclo total de su vida útil, especialmente a su recuperación, reciclaje y disposición final”, explicó Menna.
“En función de este principio -añadió- la responsabilidad legal y financiera por la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se desplaza desde el Estado (en particular, los municipios) hacia los fabricantes del producto”.


Metales, plásticos y otros productos
Los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso son una corriente de residuos que involucra una combinación de metales, plásticos, productos químicos, vidrio y otras substancias, algunas de ellas peligrosas, cuya generación aumenta de manera veloz en el mundo, mientras que no ocurre lo mismo con su reciclado. Solamente Europa tiene una tasa de recolección apreciable (35%), mientras los restantes continentes, aun generando considerables cantidades per cápita, presentan tasas bajas.
En este contexto, manifestó Menna, “es necesario gestionar estos residuos de modo ambientalmente adecuado por dos factores: primero, porque sus constituyentes implican un serio riesgo de contaminación ambiental (principalmente del suelo y de la napa freática) y segundo porque son materiales muy valiosos con un alto potencial para ser reciclados y reincorporados a procesos productivos”.
Entre las sustancias que contienen este tipo de residuos presenta interés una muy amplia gama de metales: tierras raras como lantano, cerio, praseodimio, neodimio, gadolinio y disprosio; metales preciosos como el oro, la plata y paladio; u otros metales como cobre, aluminio o hierro, que tienen un alto valor intrínseco.
Sin embargo, a pesar de que son ‘materiales críticos’ por ser escasos, tienen una tasa de reciclado inferior al 1%, lo que representa una amenaza para la seguridad de recursos en el largo plazo.


Economía circular
El legislador remarcó que el proyecto de ley responde al enfoque de economía circular, “es decir -precisó- a un modelo de producción y consumo que implica reusar y reciclar materiales todas las veces que sea posible, agregando valor. Se opone a la lógica vigente hasta ahora de una economía lineal, de usar y tirar”.
“Debemos entender como sociedad que no podemos seguir enterrando o desperdiciando materiales con valor económico, que en vez de ir a parar a rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto están aptos para reingresar a nuevos procesos productivos”, explicó. “Es esencial quitar presión sobre los recursos naturales, como los minerales, el petróleo, el agua y la energía, mediante la sustitución de materia prima virgen por materia prima reciclada”, añadió.
El principio de la economía circular proviene de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pero su aplicación se ha generalizado en el mundo y en varios países de la región porque contribuye a mejorar los porcentajes de valorización, recuperación y reciclaje. Además alienta a los fabricantes a mejorar el diseño de sus productos, haciéndolos más duraderos y reciclables, en la medida en que van a cargar con el costo de su gestión.


Desafíos y objetivos
En los fundamentos del proyecto, Menna incluyó que, de acuerdo a la “Perspectiva de la Gestión de Residuos en América Latina y El Caribe” publicada en 2018 por ONU Medio Ambiente, entre los desafíos más importantes para los 33 países de la región para lograr una gestión adecuada de los RAEE se encuentran terminar con el vacío legal y asumir la Responsabilidad Extendida del Productor como política de Estado.
Además, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, rectores de las decisiones a adoptarse en los próximos 10 años, establecen el deber de garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, en su objetivo número 12.
Este objetivo se propuso lograr para 2020, a partir de la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida. Y para 2030 se fijó la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, así como disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización.
La presentación del proyecto contó con el acompañamiento de los legisladores Brenda Austin (Córdoba), Federico Zamarbide (Mendoza), Maximiliano Ferraro (CABA), Mario Horacio Arce (Formosa), Josefina Mendoza (Buenos Aires) y Alicia Fregonese (Entre Ríos). 

 

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